Durante su intervención en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, planteó una serie de observaciones críticas al proyecto de ley de reajuste del sector público.
La autoridad señaló que la Contraloría no cuenta con la información completa respecto al universo de asignaciones sujetas a reajuste, lo que impide validar la proyección de gastos solicitada por la comisión. “No tenemos antecedentes sobre los bonos, aguinaldos ni tramos salariales de los beneficiarios, por lo tanto, no podemos verificar la magnitud del gasto”, explicó Pérez.
Además, denunció situaciones detectadas desde marzo de 2022, donde funcionarios a contrata ingresaron directamente en grados altos con sueldos elevados, incluso realizando las mismas labores que funcionarios de planta con años de servicio.
“Hay personas que llevan 15 o 20 años subiendo de grado, y otros ingresan directamente en niveles superiores. Eso afecta la carrera funcionaria y genera malestar”, subrayó.
Respecto al artículo que establece la expiración automática de contratos a contrata al 31 de diciembre, Pérez advirtió que “esto puede perjudicar a quienes han hecho carrera, permitiendo que ingresen personas con mayor remuneración en desmedro de funcionarios antiguos”, afirmó.
También cuestionó el artículo que limita la intervención de la Contraloría en asuntos judiciales, asegurando que altera competencias constitucionales del órgano, lo que no debiera resolverse en una ley miscelánea.
