El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la retirada de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una medida tomada por la administración de Joe Biden como respaldo al diálogo entre La Habana y el Vaticano para la liberación de presos políticos. Este cambio revierte la decisión de la administración de Donald Trump, que incluyó a Cuba en dicha lista en enero de 2021, en los últimos días de su mandato.
Respaldo al diálogo y medidas complementarias
Un alto funcionario de la administración Biden explicó que esta decisión busca facilitar las negociaciones entre el Gobierno cubano y la Iglesia católica, destacando que se espera la liberación de un “gran número de presos” por parte de La Habana. “Es un paso dado en el interés nacional de Estados Unidos y facilitará el diálogo sobre los derechos humanos en Cuba”, indicó.
Además, Washington suspendió una cláusula de la ley Helms-Burton, que permitía a los cubano-estadounidenses reclamar compensaciones por bienes confiscados tras la llegada de Fidel Castro al poder. También eliminó restricciones financieras que afectaban a ciertas entidades cubanas, buscando “acelerar la transición a la democracia en Cuba”.
Críticas y apoyo internacional
El retiro de Cuba de la lista negra ha generado divisiones en la política estadounidense. Ted Cruz, senador republicano, calificó la decisión como “inaceptable” y aseguró que trabajará con Donald Trump, próximo a asumir la presidencia, para revertirla. Por otro lado, Marco Rubio, designado por Trump para liderar la política exterior, expresó su postura firme a favor de las sanciones contra la isla.
En contraste, la decisión ha sido respaldada por organizaciones internacionales de derechos humanos y aliados como España, Canadá, la Unión Europea y Colombia, quienes destacaron el papel de Cuba como facilitador en negociaciones de paz, especialmente en el caso de Colombia.
Perspectivas futuras
El alto funcionario de la administración Biden señaló que el retiro de Cuba se basa en la ausencia de pruebas creíbles de apoyo al terrorismo internacional en los últimos seis meses, un requisito legal para tomar esta medida. Sin embargo, reconoció que la administración entrante de Trump podría revisar y revertir esta decisión.
