El hallazgo de cuatro cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea en Ecuador ha causado conmoción en el país. Los cadáveres, encontrados en una zona de manglares cercana a la base de Taura, podrían corresponder a cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar realizado el 8 de diciembre. Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, habían salido a jugar un partido de fútbol en Guayaquil y nunca regresaron. Según el testimonio del padre de los hermanos, esa noche un desconocido se comunicó con la familia y permitió que Ismael relatara que militares los persiguieron, dispararon al aire y los abandonaron. Posteriormente, la familia recibió ubicaciones de su posible paradero, una de ellas cerca de la base militar.
Tras semanas de búsqueda, la justicia determinó que se trataba de una desaparición forzada atribuida a uniformados. En respuesta, la Fiscalía inició acciones contra 16 militares que participaron en el operativo. Los involucrados están bajo arresto en una instalación militar, vigilados para evitar fugas. Durante el allanamiento a la base de Taura, las autoridades confiscaron teléfonos y vehículos de los investigados. Este caso recuerda al de los hermanos Restrepo, desaparecidos por un escuadrón policial en 1988, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados.
La comunidad internacional también reaccionó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su “preocupación” y aseguró que seguirá monitoreando las acciones del Estado. La ONU y Unicef instaron a investigar de manera “ágil e imparcial” los hechos. Human Rights Watch denunció violaciones de derechos humanos asociadas a la política de mano dura contra el narcotráfico implementada por el Presidente Daniel Noboa.
El ministro de Defensa, por su parte, cuestionó las acusaciones y defendió a los militares: “Se está tratando de posicionar en la mente de los ecuatorianos que los militares son unos locos que salen en gavilla de a 16 a recorrer las canchas de fútbol para secuestrar y desaparecer menores”, afirmó. Sin embargo, admitió que “nada de lo que hayan hecho los niños justifica que hoy estén desaparecidos”.
Este caso ha destapado serias dudas sobre la actuación militar y las políticas de seguridad en Ecuador, en medio de un país ya golpeado por la violencia y la presión del narcotráfico. La investigación sigue en curso, con la expectativa de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia para las víctimas.
