La justicia francesa declaró este lunes culpable a la líder del partido Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, por su participación en un caso de malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo. La decisión fue emitida por el Tribunal Correccional de París, que también encontró culpables a otros ocho ex eurodiputados del partido y a doce asistentes parlamentarios involucrados en el esquema de desvío.
El fallo surge tras una investigación que reveló un sistema en el que se utilizaban fondos destinados a asistentes parlamentarios para financiar actividades internas del partido político. En total, el tribunal estimó el perjuicio económico en 2,9 millones de euros (unos 3,13 millones de dólares), dinero que fue utilizado para pagar a personas que, según la jueza Bénédicte de Perthuis, “en realidad trabajaban para el partido y no desempeñaban funciones parlamentarias”.
“El objetivo es garantizar que los representantes electos, como todos los justiciables, no se beneficien de un trato preferente”, subrayó la jueza al comunicar la inhabilitación de Le Pen para ejercer cargos públicos, aunque la duración de dicha sanción aún no ha sido precisada.
Sanción para Le Pen
Durante el proceso, la Fiscalía solicitó una condena de cinco años de prisión, con dos años de cumplimiento efectivo, una multa de 300.000 euros y cinco años de inhabilitación política. De acogerse esta solicitud en su totalidad, Le Pen quedaría automáticamente excluida de la elección presidencial de 2027, donde actualmente lidera las encuestas de la primera vuelta.
La dirigente derechista no realizó declaraciones tras conocer el veredicto. Abandonó el tribunal luego de conversar brevemente con su abogado, sin esperar la lectura completa de las penas.
Una red de desvío de fondos operativa por más de una década
El caso investigó hechos ocurridos entre 2004 y 2016, cuando el partido —entonces llamado Frente Nacional (FN), renombrado RN en 2018— habría utilizado de forma “concertada y deliberada” los 21.000 euros mensuales asignados por la Unión Europea a cada eurodiputado para pagar empleados que en realidad desempeñaban funciones internas partidarias. Esta práctica, prohibida por la normativa europea, habría permitido al RN ahorrar importantes sumas en su funcionamiento regular.
