El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que oficializa la retirada de Rusia de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, marcando un paso decisivo en la desvinculación de Moscú con los mecanismos de control de derechos humanos en Europa.
Rusia había ratificado este tratado en 1998 y desde entonces permitió que comités expertos visitaran cárceles, prisiones y centros de detención para evaluar las condiciones de los internos y emitir recomendaciones.
El gobierno justificó la denuncia del tratado citando una decisión del Consejo de Europa que impedía la representación rusa en el órgano encargada de supervisar su cumplimiento.
El abandono de la convención implica que las autoridades rusas no estarán obligadas a permitir visitas inesperadas de inspectores internacionales a instalaciones penitenciarias, una medida que organizaciones de derechos humanos han advertido podría agravar violaciones y abusos en los centros de detención.
Ante la decisión, el ombudsman ucraniano calificó el acto como una confirmación de que la tortura forma parte de la política estatal del Kremlin.
Desde organismos de derechos humanos y expertos se ha expresado preocupación porque el retiro debilita los estándares internacionales de monitoreo y transparencia, justo en un contexto donde Rusia enfrenta múltiples denuncias por abusos contra detenidos, especialmente en áreas afectadas por el conflicto con Ucrania.
