Tras más de siete años de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados ratificó el informe de la comisión mixta y despachó a ley la reforma que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.
La iniciativa forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno y busca dotar al país de mejores herramientas frente al crimen organizado transnacional y el terrorismo.
Según el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la aprobación fue fruto de un acuerdo transversal para contar con una legislación moderna y respetuosa de los derechos humanos.
Entre sus principales componentes, la ley establece una Política Nacional de Inteligencia, con metas estratégicas de largo plazo, e incorpora nuevos órganos asesores como el Consejo Interministerial de Inteligencia y el Comité de Inteligencia del Estado, liderado por el director de la ANI.
Además, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) sumará funciones en ciberseguridad, infraestructura crítica, acceso a datos y acreditación de seguridad.
También se fijan sanciones penales por uso indebido de técnicas, filtraciones o fines políticos, y se incorporan organismos como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería, SII, UAF y Aduanas como colaboradores del sistema.
La nueva ley refuerza el control democrático con mecanismos parlamentarios, judiciales y de Contraloría, y exige auditorías internas en las Fuerzas Armadas y la actualización de sus declaraciones de patrimonio e intereses.
El Ejecutivo tendrá un año para dictar la primera Política Nacional de Inteligencia y presentar el estatuto del personal de la ANI.
