Un tribunal federal en Estados Unidos falló este miércoles que la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, que permitía la deportación rápida de inmigrantes a “terceros países” sin notificación ni oportunidad de objetar el proceso, es inconstitucional y viola derechos fundamentales de los migrantes, informaron medios internacionales.
La decisión fue emitida por el juez Brian E. Murphy, de la Corte del Distrito de Boston, quien determinó que la política adoptada en marzo de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violaba las protecciones de debido proceso contempladas en la Constitución de Estados Unidos. El magistrado declaró inválida la norma que permitía enviar a inmigrantes a países que no eran su lugar de origen sin darles la posibilidad de ser escuchados en una corte o impugnar su expulsión.
Derechos procesales y respuesta judicial
Murphy sostuvo en su fallo de 81 páginas que los migrantes deben recibir notificación sustancial y una oportunidad de defenderse antes de ser deportados, especialmente si podrían enfrentar peligro en el país al que serían enviados. El juez calificó la política como un acto que “no es legal” y que socava derechos básicos de procedimiento, aunque también otorgó un plazo de 15 días para que el gobierno presente una apelación antes de que la decisión entre en vigor.
La política, que permitía deportaciones aceleradas sin audiencia previa, afectó a miles de personas desde su operación y fue parte de la agenda migratoria más amplia de la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional defendió su actuación y señaló que buscaría que la decisión sea revisada por instancias superiores, incluyendo potencialmente a la Corte Suprema.
La sentencia marca un nuevo revés judicial para la gestión migratoria de Trump, en medio de un debate nacional sobre la forma y los límites de la aplicación de leyes de inmigración y los derechos procesales de los no ciudadanos en Estados Unidos.
