La Contraloría General de la República destapó un escándalo que sacude al aparato público: más de 100 funcionarios municipales han sido despedidos por usar licencias médicas mientras viajaban al extranjero.
El caso fue revelado en mayo de 2025 y continúa generando consecuencias. El informe original detectó más de 25 mil funcionarios públicos en esta situación. Con el avance de las investigaciones, los despidos se han extendido por distintas comunas del país.
Talcahuano: 18 docentes desvinculados
El municipio de Talcahuano, actualmente bajo administración provisional, confirmó el despido de 18 profesores tras los sumarios por licencias fraudulentas.
Según el alcalde Eduardo Saavedra, las investigaciones alcanzaron a 150 funcionarios, en un proceso instruido por Contraloría y ejecutado por una veintena de fiscales.
Osorno: 54 funcionarios de salud destituidos
En Puerto Montt, el municipio despidió a 54 trabajadores del área de Salud. La cifra proviene de un total inicial de 483 casos, depurados posteriormente a 359.
El alcalde Rodrigo Wainraihgt (RN) informó que los sumarios fueron tramitados de forma individual y confidencial, tras recibir el oficio oficial de Contraloría en mayo.
Colbún: 26 casos confirmados
En la Región del Maule, la Municipalidad de Colbún desvinculó a 26 funcionarios tras confirmar su salida del país con licencia médica activa.
El alcalde Pedro Pablo Muñoz lamentó el impacto humano, pero defendió la transparencia del proceso. El municipio dejó abierta la posibilidad de enviar los antecedentes al Ministerio Público.
San Pedro de la Paz: 8 despidos iniciales
En esta comuna del Biobío, se concretaron 8 despidos luego de resolver los primeros 15 sumarios por el uso irregular de licencias médicas.
El alcalde sostuvo que las medidas se adoptaron por infracción grave a la probidad. El presidente de la asociación de funcionarios criticó la generalización y pidió revisar caso a caso.
Lota: desvinculación de jefa de control
En Lota, la jefa de Control, Millisen Moraga, fue despedida tras detectarse que viajó durante una licencia psiquiátrica. El municipio enfrenta además una crítica situación financiera.
Los funcionarios implicados tienen un plazo de cinco días para apelar o recurrir ante la Corte de Apelaciones, según el procedimiento legal vigente.
