El séptimo informe consolidado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), elaborado con datos de la Contraloría, reveló que 29.270 funcionarios del Gobierno Central aparecen vinculados a 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas.
De ellos, 23.745 siguen en funciones y 5.525 ya no trabajan en el servicio público. Sin embargo, 2.947 exfuncionarios aún enfrentan sumarios, elevando a 26.692 el número de procesos en curso.
Solo el 1% ha sido desvinculado
Del total, 25.352 sumarios han sido instruidos, con 21.098 aún en trámite y 4.254 con resolución. Sin embargo, solo 1.543 procesos han sido cerrados formalmente.
Entre estos últimos, 262 funcionarios fueron destituidos, es decir, apenas el 1% de los casos investigados. Además, 584 fueron sancionados con censura, 65 suspendidos, 55 multados y 577 absueltos.
Impacto fiscal y razones
La Dipres calculó que las licencias, con un promedio de 22 días y una renta de $1,9 millones, significaron $36.876 millones en pagos durante las ausencias.
El 33% de los casos corresponde a salidas del país, 21% a visitas a casinos, y otros por partos, viajes institucionales o causas penales.
Antes de que estallara la polémica en mayo de 2023, ya existían 5.182 sumarios previos. Del total, 4.061 funcionarios ingresaron tras marzo de 2022, mientras que el resto proviene de gestiones anteriores.
