La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que reforma el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incorporando nuevas exigencias de transparencia, probidad y rendición de cuentas.
La iniciativa fue presentada por los diputados de Renovación Nacional Ximena Ossandón, Andrés Celis y Eduardo Durán, y continuará ahora su discusión en particular dentro de la instancia legislativa.
Proyecto aumenta exigencias para acciones judiciales
Uno de los principales cambios que plantea la propuesta es elevar los requisitos para que el INDH presente querellas. El proyecto establece que estas acciones deberán contar con el respaldo de dos tercios del Consejo del organismo. Si ese apoyo no se alcanza, podrán aprobarse por mayoría simple, pero los consejeros que respalden la decisión asumirán responsabilidad solidaria por eventuales costas.
Además, la iniciativa busca modificar la composición del Consejo para fortalecer el pluralismo e incorporar mayor participación académica. También propone que las opiniones minoritarias queden registradas en actas e informes institucionales.
Buscan mayor transparencia y control
La propuesta obliga al director y al Consejo del INDH a comparecer al menos dos veces al año ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Asimismo, establece la publicación de actas y votaciones, la incorporación de indicadores objetivos en los informes anuales y la creación de un registro público de acciones judiciales presentadas por el organismo.
La diputada Ximena Ossandón valoró la aprobación transversal del proyecto y señaló que el objetivo es fortalecer la institución. “Lo más importante es que salga un buen proyecto robusto, grande, con los cambios que el instituto necesita para que realmente Chile tenga y se sienta orgulloso de su Instituto Nacional de Derechos Humanos”, afirmó.
Nuevas normas de probidad
La reforma también incorpora reglas sobre conflictos de interés, estableciendo abstenciones obligatorias para consejeros que tengan vínculos personales o profesionales con personas u organizaciones relacionadas con una decisión.
Además, contempla restricciones para quienes hayan tenido vínculos políticos recientes y regula la actuación de observadores de derechos humanos durante manifestaciones públicas.
