La diputada Carolina Marzán envió un oficio de fiscalización al Consejo Directivo del Servel, encabezado por Pamela Figueroa Rubio, con el objetivo de conocer las acciones implementadas para garantizar la participación política de personas con discapacidad en las elecciones de noviembre.
La solicitud se realiza tras la difusión del estudio de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), que evidenció que un 32% de personas en situación de discapacidad no pudo votar en los últimos comicios, debido a dificultades de acceso a locales de votación, transporte inaccesible y desconfianza en las instituciones.
Estado debe garantizar el derecho a voto de personas con discapacidad
Al referirse al tema, la diputada Marzán enfatizó que “cuando hablamos de inclusión, hablamos de que el Estado debe sin excusas generar las condiciones para que todas y todos los habitantes del país puedan ejercer el derecho a voto sin inconvenientes. Es urgente subsanar los obstáculos; esperamos que el Servel nos informe para conocer las medidas que se ha adoptado al respecto, de tal forma que las personas neurodivergentes, analfabetas o personas adultas mayores vean facilitada su participación en el proceso electoral. Sufragar es un derecho humano”.
La parlamentaria recalcó la importancia de que la inclusión electoral sea efectiva, considerando la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad. Subrayó que facilitar el acceso al voto no solo fortalece la democracia, sino que garantiza el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Proyecto para papeletas con fotos
Además, Marzán recordó la relevancia de avanzar en su proyecto de ley para incorporar fotos en las papeletas de votación, indicando que “que las personas analfabetas o personas adultas mayores vean facilitada su participación efectiva en procesos electorales”. Esta medida busca reducir barreras y permitir que los votantes puedan ejercer su derecho con mayor autonomía y seguridad.
Con esta iniciativa, la diputada enfatiza la necesidad de que el Servel y otras instituciones del Estado implementen medidas concretas para garantizar la inclusión electoral de todos, promoviendo un sistema más accesible y participativo.
