Una crisis en Migraciones encendió las alarmas este lunes en el Congreso. Un grupo de diputados de Renovación Nacional, encabezado por Miguel Mellado y Carla Morales, junto a Andrés Longton, Diego Schalper y Hugo Rey, solicitó a la Contraloría General de la República una investigación administrativa por la amenaza de suspensión de 300 licencias de Microsoft Office que utiliza el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
Los parlamentarios entregaron un oficio a la contralora Dorothy Pérez, advirtiendo que el conflicto contractual con la empresa Salaam Desarrollos Eléctricos SPA podría afectar gravemente el funcionamiento del servicio.
El problema comenzó tras una licitación pública adjudicada a Salaam, empresa que subcontrató a Zona Portátil (ZP) para proveer las licencias. Sin embargo, esta última informó una deuda de cinco meses y anunció la suspensión del software. En respuesta, el Sermig presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que dictó una orden de no innovar y permitió mantener operativa la plataforma de forma temporal.
“Estamos frente a una situación extremadamente delicada, que compromete el funcionamiento de un servicio público esencial para el país”, señalaron los diputados RN. Además, detallaron que el propio Servicio interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por eventual incumplimiento contractual.
Posibles consecuencias y omisiones en Migraciones
Según el escrito, la suspensión de estas licencias afectaría funciones como la tramitación de visas, expulsiones, coordinación con tribunales, elaboración de informes legales y vínculos operativos con la PDI. Una crisis en Migraciones de estas características podría tener consecuencias directas sobre la gestión migratoria del país.
Asimismo, los diputados denunciaron que Salaam sigue recibiendo órdenes de compra de otros organismos públicos, pese al conflicto vigente. En total, serían nueve instituciones involucradas, incluyendo el Shoa, la Dirección Nacional de Movilización y el Sernac, de las cuales siete contratos estarían relacionados con servicios de Microsoft Office.
El oficio plantea que “es indispensable esclarecer si existió negligencia en la supervisión de un servicio crítico subcontratado, y si las autoridades del Sermig adoptaron oportunamente medidas para resguardar el funcionamiento institucional”.
Finalmente, los legisladores pidieron a la Contraloría revisar las cláusulas contractuales utilizadas, fiscalizar la legalidad de las contrataciones actuales con Salaam y aplicar medidas preventivas para evitar nuevas crisis en otros servicios del Estado.
