El Sexto Informe Anual de la Defensoría de la Niñez ha revelado cifras alarmantes sobre la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en Chile. Según el reporte, hasta el 15 de noviembre de 2024, 48 menores han fallecido producto de armas de fuego, una cifra que ya supera los 42 casos registrados en todo 2023 y que está a un solo fallecimiento de igualar el récord de 49 muertes alcanzado en 2022, el año más sangriento en dos décadas para este grupo etario.
Ante estos datos, la diputada de la Comisión de Familia, Natalia Romero, calificó la situación como una tragedia y criticó la falta de foco del Gobierno en atender esta crisis.
“Es inaceptable que nuestras niñas y niños sigan siendo víctimas de armas de fuego, mientras el Gobierno se pierde en defensas corporativas y responde por denuncias que involucran a sus propios funcionarios. Necesitamos que los ministros se enfoquen en esta cruda realidad y que los tribunales hagan su parte con los responsables”, señaló Romero, en referencia a las recientes controversias que han centrado la atención del Ejecutivo.
“Es urgente actuar”
Entre 2022 y 2024, los homicidios de menores en la Región Metropolitana han tenido un aumento dramático: 19 casos en 2022, 27 en 2023 y 36 en lo que va de 2024. Desde 2022, se han registrado 82 homicidios de menores en esta región, consolidándola como la más afectada. Casos recientes como el de un niño de 8 años fallecido por un disparo en Bajos de Mena, Puente Alto, o el de un joven de 17 años asesinado durante las Fiestas Patrias en Los Ángeles, Región del Biobío, ilustran la gravedad de esta crisis.
Para la diputada Romero, es fundamental que el Ejecutivo tome medidas inmediatas y concretas. “En lugar de gastar esfuerzos respondiendo por las denuncias contra el exsubsecretario Monsalve o el Presidente Boric, deberían estar trabajando para proteger a nuestros niños y adolescentes. Es urgente actuar antes de que estas cifras se conviertan en una deuda imposible de saldar”, enfatizó.
Diputada apunta a fortalecimiento de políticas públicas
Romero también destacó la necesidad de fortalecer los programas ya existentes, como Comunidad Crece, implementado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que busca reducir los factores de riesgo en barrios vulnerables. Sin embargo, insistió en que estos esfuerzos deben acelerarse, ampliarse a más comunas y contar con un presupuesto adecuado que garantice su efectividad.
Finalmente, la diputada hizo un llamado directo a los tribunales para que persigan y sancionen a los responsables de estos crímenes y a los ministros para que prioricen la protección de los menores en la agenda gubernamental.
“Chile no puede seguir viendo cómo nuestros niños mueren sin que haya consecuencias claras ni políticas efectivas para protegerlos. Esta situación no puede esperar más”, concluyó.
