Los diputados de Renovación Nacional (RN) Mauro González, Carla Morales y Marcia Raphael presentaron un oficio a la Fiscalía para esclarecer las irregularidades detectadas en la Cárcel de San Miguel, luego de que un reportaje de T13 revelara que una interna de 23 años vendía contenido erótico a través de plataformas digitales, pese a la prohibición del uso de teléfonos celulares dentro del penal.
El caso ha generado preocupación en el Congreso por el acceso de reclusos a internet y la aparente falta de control dentro de los recintos penitenciarios. Según el diputado Mauro González, el hecho pone en evidencia una grave falencia institucional. “Esto plantea interrogantes sobre la existencia y eficacia de los sistemas de control que deberían estar operativos en nuestras cárceles. Hay que reconocer que estamos frente a una falla alarmante en nuestro sistema penitenciario. Este incidente es un claro reflejo de un deterioro que no podemos seguir ignorando”, sostuvo el parlamentario.
Críticas por falta de control y tecnología
Los legisladores advirtieron que la situación en la Cárcel de San Miguel refleja un problema más amplio en el sistema penitenciario nacional, marcado por deficiencias tecnológicas y falta de inversión en seguridad digital.
La diputada Carla Morales cuestionó la ausencia de mecanismos eficaces para bloquear señales móviles dentro de las cárceles. “En muchas cárceles, simplemente no hay inhibidores instalados, y en aquellas donde sí existen, frecuentemente no funcionan. Esto demuestra que hay una falta de interés por parte del Estado para garantizar un entorno seguro y controlado en los recintos penales”, afirmó.
En tanto, la diputada Marcia Raphael enfatizó la necesidad de modernizar la infraestructura penitenciaria. “Las cárceles deben evolucionar e integrar tecnología que responda efectivamente a las demandas actuales. No podemos permitir que los delincuentes tengan acceso a plataformas digitales de esta manera, ya que esto socava el propósito de la reclusión”, señaló.
El oficio enviado a la Fiscalía busca no solo aclarar el caso de la venta de contenido erótico en la Cárcel de San Miguel, sino también conocer cuántas personas han sido formalizadas por tenencia de celulares en otros penales del país.
Finalmente, los diputados subrayaron la importancia de la transparencia y la fiscalización estatal. “La transparencia es fundamental en estos casos. Necesitamos entender qué medidas está tomando el Estado ante este tipo de situaciones y cómo se están gestionando las licitaciones recientes para la instalación de inhibidores en otras cárceles”, concluyeron.
