Con el objetivo de reforzar la seguridad de los pacientes, el diputado Roberto Arroyo presentó un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional Público de Profesionales y Establecimientos de la Salud Estética.
La iniciativa propone una plataforma digital gratuita y de acceso abierto, donde los usuarios puedan verificar si los profesionales que realizan procedimientos estéticos cuentan con las autorizaciones correspondientes y si los establecimientos cumplen con la normativa vigente.
La propuesta surge tras diversas fiscalizaciones sanitarias que han detectado centros funcionando sin autorización, procedimientos realizados por personas no habilitadas y casos de pabellones clandestinos.
Según el proyecto, el registro dependerá de la Superintendencia de Salud e incluirá información sobre títulos profesionales, especialidades certificadas y eventuales sanciones administrativas o judiciales. También incorporará antecedentes de clínicas y centros estéticos, como autorizaciones sanitarias vigentes y sanciones recibidas.
La iniciativa además contempla sanciones para establecimientos que operen sin resolución sanitaria o permitan procedimientos realizados por personal no habilitado. Las multas podrían ir desde las 100 hasta las 1.000 UTM, además de posibles clausuras.
En casos de reincidencia, el proyecto considera incluso la cancelación definitiva de la autorización de funcionamiento y la inhabilitación temporal del director técnico responsable.
