El reciente aumento de homicidios en la Región Metropolitana durante el fin de semana largo ha encendido nuevamente el debate sobre la efectividad del Plan ‘Calles sin Violencia’ lanzado por el Gobierno en 2023.
Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió en defensa de la estrategia, asegurando que “no solo ha funcionado, sino que su refuerzo ha tenido resultados en el corto plazo”.

Críticas de la oposición por falta de efectividad
A pesar de las declaraciones de Vallejo, la oposición ha expresado su descontento con la gestión del Gobierno en materia de seguridad.
El diputado Jorge Durán (RN) fue enfático al señalar que los anuncios y operativos de seguridad “no han sido efectivos” y que la delincuencia se agudizó en lugar de disminuir.
Durán también criticó que “se ha normalizado que haya homicidios prácticamente todos los días” y acusó al Gobierno de priorizar el “sesgo ideológico” sobre la seguridad de los ciudadanos.
Durán propuso la creación de un “Comando de Élite” que reúna a los mejores funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros para combatir el crimen organizado de manera más efectiva.
Llamado a un Gobierno más activo
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) exigió un Gobierno “activo, no reactivo”, subrayando que el crimen organizado avanza rápidamente y que las actuales estrategias no están funcionando.
Por su parte, Arroyo cuestionó la falta de urgencia en la tramitación de proyectos de seguridad en el Congreso y enfatizó que “no saca nada con prometer una nueva cárcel si ni siquiera se han tomado medidas para detener a todos los delincuentes que hoy están libres”.
Reacción de la bancada oficialista ante ola de homicidios
El jefe de la bancada socialista, Daniel Melo (PS), reconoció que, aunque el Estado avanza en políticas contra el crimen, estos esfuerzos no son suficientes.
Bajo ese contexto, Melo pidió al Parlamento legislar con urgencia las 30 iniciativas de seguridad que aún están pendientes.
“Los hechos de violencia de este fin de semana así lo ameritan”, afirmó.
Finalmente, el diputado Raúl Soto (PPD) propuso medidas excepcionales para enfrentar la crisis de seguridad, como el uso del 2% constitucional para aumentar los recursos destinados a la seguridad, desplegar a los militares en las calles bajo un concepto amplio de infraestructura crítica y realizar una “operación rastrillo” a nivel nacional.