Ante los recientes y graves hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur, la senadora Carmen Gloria Aravena ingresó un proyecto de ley que busca modificar la Ley N.º 21.732, con el objetivo de reforzar la capacidad del Estado para combatir el terrorismo en Chile.
Acompañada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, y los senadores José García Ruminot, José Durana y Juan Luis Castro, Aravena presentó una propuesta que introduce cambios sustantivos a la actual normativa, con el fin de corregir vacíos legales y alinear la legislación nacional con los estándares de países como España y Francia.
“El terrorismo es una amenaza real y presente en nuestro país. Esta reforma es indispensable para abarcar hechos graves como el triple asesinato de carabineros o el incendio de bosques con finalidad terrorista”, sostuvo la senadora.
Puntos clave del proyecto
La propuesta contempla una serie de modificaciones a la actual Ley Antiterrorista, entre las que destacan:
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Incorporar como criterio el objetivo de alterar gravemente el orden público para calificar una conducta como terrorista.
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Ampliar el catálogo de delitos base, sumando todos los tipos de incendio descritos en el Código Penal, con énfasis en el incendio de bosques.
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Homologar los criterios penales entre terrorismo individual y el perpetrado por asociaciones terroristas, eliminando inconsistencias de la ley vigente.
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Extender la calificación de delito terrorista a los atentados contra cualquier fiscal del Ministerio Público, y no solo contra autoridades nacionales o regionales.
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Eliminar el artículo 5° de la ley vigente, por considerarse ambiguo y sin justificación normativa clara.
La senadora Aravena fue enfática en señalar que esta iniciativa trasciende colores políticos y responde a una necesidad país. “Este no es un tema ideológico. El terrorismo destruye vidas, impide el desarrollo y amenaza la democracia. No podemos ser ambiguos ni tibios ante esta realidad”, afirmó.
Finalmente, llamó al Gobierno a darle urgencia a la tramitación del proyecto y pidió a todas las fuerzas políticas respaldar esta reforma como una señal clara de compromiso con las regiones más afectadas por la violencia.
