El diputado Tomás Kast (Evópoli) solicitó formalmente al ministro de Seguridad, Martín Arrau, que el Gobierno acelere la tramitación de un proyecto que establece un régimen de responsabilidad de organizadores de manifestaciones. La iniciativa busca que los convocantes, promotores y organizadores de protestas respondan penal y civilmente por los daños ocasionados durante movilizaciones públicas.
El parlamentario envió un oficio al secretario de Estado para pedir urgencia a la iniciativa que modifica el Código Penal. El requerimiento surge tras el anuncio de la creación de “Frente Común”, una alianza entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que anunció un “proceso de agitación” y futuras movilizaciones contra reformas impulsadas por el Gobierno.
Según el legislador, el proyecto busca fortalecer la protección de las personas y de los propietarios afectados por hechos de violencia ocurridos durante protestas.
Proyecto busca sanciones penales y civiles
La propuesta incorpora una nueva figura penal para los daños causados a bienes públicos y privados durante manifestaciones. El texto establece penas de hasta cinco años de cárcel, además de multas que varían según la magnitud de los perjuicios ocasionados.
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es que considera mecanismos para identificar a quienes convocan actividades mediante redes sociales, plataformas digitales y servicios de mensajería masiva.
El diputado sostuvo que el objetivo es establecer reglas claras para prevenir hechos de violencia y evitar que terceros asuman los costos económicos de los destrozos.
“En Chile hemos normalizado durante demasiado tiempo que existan manifestaciones que terminan con locales saqueados, mobiliario público destruido y pequeños comerciantes pagando los costos de la violencia. Ante los anuncios de este Frente Común de iniciar un proceso de agitación en las calles, esto tiene que cambiar con urgencia. Este proyecto busca establecer responsabilidades concretas para quienes organizan, convocan o promueven actividades públicas que terminan generando daños a terceros”, afirmó Tomás Kast, diputado de Evópoli.
La iniciativa cobra relevancia tras anuncio de nuevas movilizaciones
El parlamentario planteó que la aparición del nuevo bloque integrado por la CUT y la Confech aumenta la necesidad de avanzar en la responsabilidad de organizadores de manifestaciones.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el diputado, la alianza pretende sumar al Colegio de Profesores y a organizaciones de estudiantes secundarios para coordinar futuras protestas.
Kast argumentó que el proyecto busca evitar que las ciudades vuelvan a enfrentar episodios de destrucción de infraestructura pública, daños a locales comerciales y afectación a pequeños emprendedores.
La iniciativa también pretende fortalecer las herramientas legales disponibles para perseguir responsabilidades cuando una convocatoria derive en actos vandálicos o daños a terceros.
Con este oficio, el diputado pidió al Ejecutivo otorgar prioridad legislativa al proyecto y acelerar su discusión en el Congreso. La propuesta pretende establecer un marco de responsabilidad de organizadores de manifestaciones para quienes convoquen, promuevan u organicen actividades públicas que terminen provocando daños materiales a bienes públicos o privados.
