Un complejo escenario financiero están atravesando las isapres que podría perjudicar a más de tres millones de personas. Situación que para el diputado Tomás Lagormasino podría ser “un descalabro” para el sistema público, si es que so traspasados al régimen normal.
El parlamentario del Partido Radical y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, es uno de los impulsores de un proyecto de ley que busca crear contención a los cotizantes en caso de quiebra y que sean trasladados a un fondo especial de Fonasa, el cual podría beneficiar a más de tres millones de personas afiliadas al régimen privado.
En conversación con ‘La Mañana de Agricultura’, Lagomarsino sostuvo que si todos los usuarios afectados por la crisis financiera de las isapres sean traspasados al régimen normal, sería un “descalabro”.
“El sistema público de salud no tiene la capacidad en estos momentos para absorber o lleguen decenas de miles de afiliados y usuarios nuevos“, dijo el parlamentario. Además, sostuvo que este traspaso podría ejercer una “tremenda” presión contra el sistema público de salud.
Bajo ese contexto, el diputado indicó que ante este escenario crearon este “régimen especial”, que para simplificarlo lo colocaron dentro de Fonasa.
“En vez de transferirse la cartera de afiliados a Fonasa en su régimen habitual (A, B, C y D), con el impacto que con ello tendrían en los afiliados de isapres y los del sistema público, genera un régimen especial en el cual se ceden los contratos, por lo tanto, debe seguir dando continuidad a las obligaciones contractuales“, explicó en el espacio radial.
Sobre cómo se podría garantizar que las personas que saldrían del sistema privado tengas las mismas prestaciones, el representante del Distrito 7 dijo que el proyecto de ley no solamente planeta el traspaso, sino que también “el traspaso de trabajadores de las isapres que cumplen funciones oficiales, sobre todo capacidades que actualmente no están en Fonasa y que tienen que ver con contratos, convenios”.
Las isapres llamaron al Gobierno a “terminar con las incertidumbres”, ya que consideran que el plazo que estableció el máximo tribunal en diciembre de seis meses para que la Superintendencia de Salud se manifieste, es excesivo.
Ante esto, Lagormarsino apuntó que “no es habitual en ningún país del mundo que aquellos regulados hagan exigencias al regulador por los medios de comunicación. Es una cuestión bastante anómala. Las isapres están exigiéndoles cuestiones al regulador, cosa que no corresponden”.