Los diputados del partido Republicano se refirieron al informe de la Contraloría que reveló que 58 beneficiarios de pensiones de gracia son personas que tienen antecedentes penales por delitos graves.
Desde la colectividad anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se indague si existe algún ilícito en el cuestionado otorgamiento.
En ese sentido, el legislador Luis Fernando Sánchez sostuvo que “tenemos la sospecha desde la bancada republicana que las implicancias podrían ser no solo políticas, sino que también jurídicas, penales”.
“Porque aquí podría haberse diseñado o construido maliciosamente una máquina de defraudación fiscal desde el Gobierno, así como se hizo con las fundaciones”, sostuvo.
“Podría estar haciéndose también para efectos de entregar pensiones de gracia a personas condenadas por delitos, entregárselas generosamente sin mayor revisión y así tener un ejército de delincuentes, un ejército de personas que no merecían estas pensiones, ¿para qué? Quizás para las manifestaciones, para las marchas habituales en las calles, ¿para eso se está usando la plata de todos los chilenos?”, declaró.
“Aquí podría haber una situación de malversación de caudales públicos y por eso vamos a presentar con la Bancada Republicana una denuncia ante el Ministerio Público, solicitándoles que investiguen a todos quienes puedan ser responsables”, afirmó.
“Que el Ministerio Público investigue a todos, todos los que puedan ser responsables por el eventual otorgamiento malicioso con fines de defraudación fiscal de pensiones de gracia”, agregó el diputado.
Mientras que el diputado José Carlos Meza apuntó que “ha quedado en evidencia que el Subsecretario del Interior, el señor Monsalve, cuando estuvo el día 13 de septiembre del 2023 en la Comisión Especial Investigadora que analizaba justamente el otorgamiento de estas pensiones de gracia, mintió ante este Congreso Nacional”.
“La declaración textual del subsecretario Monsalve es que solo 40 de las personas que eran beneficiarias de esta pensión de gracia tenían antecedentes penales, pero lo cierto es que eran 58. Hay 18 de estos personajes que el señor Monsalve omitió”, afirmó.
Por su parte, el diputado Cristián Araya, integrante de la comisión de Seguridad, calificó el informe de Contraloría como “categórico” y añadió que a su juicio “aquí evidentemente hay un mecanismo. Por una parte, hay negligencia, y la negligencia grave equivale al dolo. Pero también hay un mecanismo”.
“La entrega de estas pensiones de gracia no son al azar. Nadie puede creer que se les entrega a cualquiera. No, no. Aquí hay gente que se ha determinado y hay que identificar quiénes son los que están detrás de la promoción de estos nombres y de las autorizaciones. Que 58 peligrosos criminales reciban este beneficio da cuenta de que hay toda una red de protección de estos criminales. Y eso es lo que vamos a perseguir. Esas responsabilidades las vamos a exigir”, finalizó.