La Sala del Senado despachó por mayoría a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente, luego de varias votaciones por indicaciones renovadas y solicitudes de votaciones separadas.
La norma impone a los establecimientos educacionales de educación prebásica, básica y media el deber de elaborar e implementar planes de educación que consideren información sobre las implicancias y riesgos del inicio de la actividad sexual, y medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y del embarazo adolescente.
En el ámbito de la prevención, dispone que los establecimientos de salud públicos o privados que prescriban o entreguen anticonceptivos a sus beneficiarios deberán ofrecer siempre consejería en afectividad y salud sexual y reproductiva, además de regular el acceso gratuito a estos métodos.
La moción propone diversas formas para la prevención y protección del embarazo adolescente y del resguardo de la maternidad y paternidad derivadas del mismo. Se determina como acciones de prevención, entre otras, aquellas que promuevan la información y orientación, y se reconoce a la adolescente que curse un embarazo y a su pareja el derecho a participar e integrarse plenamente en todas y cada una de las áreas del desarrollo y atención médica.
Los temas que generaron las principales diferencias fueron el considerar el cuidado preferente de los padres y los planes de sexualidad y afectividad desde prebásica.
Al respecto, los senadores oficialistas defendieron que en la autonomía progresiva de los adolescentes, en donde “se deberá reconocer su capacidad de decidir y resolver respecto de su sexualidad y reproducción”, es fundamental el agregar “respetando el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos”, lo que finalmente fue rechazado por 16 votos a favor y 19 en contra.
A juicio de los senadores Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Antonio Coloma, David Sandoval, José Durana e Iván Moreira, los padres deben mantener un grado preferente porque, “la autonomía no es absoluta”. Además, apelaron a que el deber de los padres es la preocupación por los hijos, por lo que no se entiende crear políticas públicas al margen de esto.
Apelando a no perder las confianzas en la prevención, los senadores Carolina Goic, Guido Girardi, Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz y Ricardo Lagos Weber, precisaron que “si no damos espacio para que un joven vaya y le pregunte a un profesor calificado, sin que sus padres tengan que saber, no vamos a evitar embarazos adolescentes. Queremos propiciar espacios de confianza en la escuela y consultorios”.
Para los legisladores “ojalá fueran los padres los que eduquen, pero eso no es así, es más la muchos de los adolescentes, cuando comienzan una vida sexual, no lo conversan con los padres”.
Durante el debate, además, se respaldó por mayoría (25 a favor y 8 en contra) que desde el segundo nivel de transición se considere un programa de educación en afectividad y sexualidad, lo que para los senadores Goic, Girardi y Álvaro Elizalde, es fundamental porque “responde a los nuevos tiempos con una concepción más amplia que considera, entre otros, el cuidado del cuerpo de los menores”.
Sin embargo, la senadora Van Rysselberghe fue enfática en señalar que “si se quiere abordar el evitar los abusos de menores, hagámoslo bien y no mezclemos”.
Avanzada la discusión, el senador Francisco Chahuán aludió a que esta norma está en el marco de la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, respaldó el articulado.
A su turno, la ministra de la Mujer, Isabel Plá, destacó que el proyecto contiene materias de suma importancia “aun cuando ha disminuido el embarazo adolecente y estamos por debajo de la tasa de países de la OCDE, (…) su ocurrencia incide en las oportunidades de futuro, muy especialmente en las de las mujeres”.
Además, detalló que el embarazo adolescente se concentran en comunas de menos ingresos, y más de la mitad de estas jóvenes, no estudia, ni trabaja.
El proyecto ahora deberá ser revisado por la Cámara de Diputados, en su segundo trámite constitucional.
