El reciente anuncio de la Administración del Ciberespacio de China (CAC) sobre una nueva normativa que exige a los influencers y streamers acreditar sus conocimientos antes de opinar sobre temas sensibles, ha reactivado el debate global sobre la regulación de redes sociales.
El objetivo del gigante asiático es combatir la desinformación digital, especialmente en áreas como salud, economía o educación, donde personas sin formación profesional entregan consejos o datos inexactos. Las plataformas Douyin, Bilibili y Weibo deberán verificar las credenciales de los creadores y confirmar que las publicaciones provengan de fuentes confiables.
Consultado por esta medida, el publicista y académico de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Francisco Ugarte, señaló que “en general se advierte un movimiento drástico y polarizador, aunque tiene sus pro y contra, dependiendo el contexto”.
El experto explicó que una regulación como esta “busca profesionalizar la información aumentando los parámetros de credibilidad en medios digitales, protegiendo de cierta manera a los usuarios de los expertos falsos e incentivando a las plataformas digitales a asumir una responsabilidad activa en la moderación de contenido”.
Debate tras medida en China: Entre control y libertad de expresión
Sin embargo, esta regulación de redes sociales también ha sido criticada por su posible impacto en la libertad de expresión. Para Ugarte, “una decisión como esta representa una forma de censura tecnocrática o filtro ideológico. En un país con estricto control mediático como China, esto puede utilizarse para silenciar voces críticas o perspectivas que no se alinean con la narrativa oficial”.
El académico advirtió además que la medida podría limitar experiencias personales valiosas: “una persona que ha superado una enfermedad compleja puede ofrecer una perspectiva útil sin poseer un título de medicina”.
Consultado sobre la posibilidad de replicar este tipo de políticas a nivel mundial, Ugarte fue enfático: “No, no es posible regular las redes sociales a nivel global con una única ley o entidad, sobre todo considerando la soberanía nacional y las diferencias culturales”.
El experto recordó que en la mayoría de las democracias occidentales, la regulación de redes sociales sólo se aplica cuando la información falsa provoca daño concreto, como incitación a la violencia, difamación o fraude. “El riesgo es que el Estado utilice la lucha contra la desinformación como pretexto para restringir la crítica política o la información incómoda, cruzando la línea hacia la censura”, concluyó.
