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dga codigo aguasDe acuerdo a cálculos del gremio de aprobarse el proyecto, el Fisco gastaría alrededor de US$27 mil millones por conceptos de indemnizaciones por la expropiación de los derechos del agro y gestión del recurso e infraestructura asociada, sin contabilizar lo correspondiente a los derechos que tiene la industria, la minería, las hidroeléctricas y las sanitarías. El líder de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, expuso hoy ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde planteó que el proyecto es una “expropiación encubierta” de los derechos existentes sobre ese recurso.

En el marco de su exposición, ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que analiza la Reforma al Código de Aguas, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, advirtió de su grave impacto económico para el Fisco, en caso de convertirse en ley. “Si el proyecto se aprueba, el Estado deberá desembolsar alrededor de US$27 mil millones por conceptos de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso”, afirmó.

El líder del agro detalló que “el Estado debiera destinar solo US$17 mil millones a cancelar las indemnizaciones a los propietarios de derechos consuntivos expropiados a los agricultores, sin contemplar lo que correspondería pagar por ese concepto a otros sectores como el industrial, la minería, las sanitarias e hidroeléctricas”.

A esto se sumarían US$ 400 millones que se gastarían en la adecuación de la distribución de derechos, ya que al aprobarse el proyecto, sería necesario rediseñar la infraestructura del sistema al establecer una diferenciación del aporte al caudal ecológico entre grandes y pequeños propietarios.

Asimismo, el sector público debiera asumir el costo de la gestión de la distribución que hoy manejan los privados, lo que representaría un valor de US$ 2.480 millones por año, según estudio realizado recientemente por la Dirección General de Aguas.

Adicionalmente, Crespo dijo que “al asumir el sector público la distribución, podría ser necesario expropiar toda la red actual, constituida por servidumbres privadas, lo que implicaría un gasto de US$ 7.000 millones”.

Daño al agro

El timonel de la SNA explicó también las negativas consecuencias que traería la aprobación del proyecto para el sector agrícola, lo que generaría un efecto perjudicial para las arcas fiscales. “Al establecer la caducidad de los derechos a 30 años se producirá una severa afectación del valor comercial de las propiedades explotadas y de la certeza jurídica para invertir a largo plazo”, dijo.

A su juicio “habrá un fuerte impacto en la valorización de los activos privados agrícolas, que caerían en US$13.800 millones, lo que además restaría ingresos públicos al disminuir la recaudación del impuesto a los Bienes Raíces.  También se generaría una restricción en el acceso a financiamiento bancario, debido a la baja en la tasación de las garantías reales, que presentarían una pérdida del 40% de su valor comercial”.

Crespo concluyó que  “estamos ante un proyecto inconstitucional, que busca limitar la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento de agua, cambiando radicalmente su naturaleza jurídica. Hablemos claro, es una expropiación encubierta de esos derechos, sin fijar la indemnización que corresponde. Los agricultores de Chile no aceptaremos un nuevo despojo de nuestros derechos”.

Propuestas

El líder de la SNA detalló que con los recursos públicos que se comprometen en el proyecto de ley se podría avanzar en iniciativas que apunten a solucionar los problemas de abastecimiento hídrico, tales como:

  • Según el Colegio de Ingenieros, actualmente hay 175 mil millones de m3 de agua disponibles que se pierden en el mar. Si solamente se decidiera aprovechar el 60% de ésta, se dispondría de cerca de 100.000.000. m3. Con los recursos que la reforma al Código de Aguas requiere, se podría desarrollar un plan de embalses de US$ 20.000.000.000, que permitiría quintuplicar la capacidad existente, pasando de 4.200.000.000 m3 a 24.200.000.000 m3. Esto permitiría aumentar en un 300% la superficie de riego. Además, quedarían disponibles para su posterior embalse otros 80 mil millones de m3, que  a su vez servirían para regar 10.000.000 has. nuevas desde la III a la X región.
  • Trabajar en un Programa Nacional de recarga de acuíferos (Embalses naturales subterráneos).
  • Considerar la construcción de cualquiera de los proyectos de carreteras hídricas para trasladar altos volúmenes de aguas provenientes de los excedentes en el sur para llevarlos al norte del país.
  • Dotar a las zonas costeras, con potencial agrícola, turístico u otro, de plantas desaladoras, atendidas con Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
  • Recuperar los pozos profundos del sistema de agua potable rural que están fuera de servicio y que hoy son atendidos con camiones aljibes.

Fuente: Portal Frutícola

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