DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO
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“Fuera Maduro” gritaron este jueves los vecinos de la parroquia caraqueña Altagracia, en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela, Miraflores; tras pasar más de 24 horas sin luz y sin agua, una falla que se ha registrado a lo largo y ancho del territorio venezolano.

Esa noche también se producía una protesta similar en los altos mirandinos, cuyos habitantes reclamaban por la falta de servicios básicos, aunque no duraron mucho por la acción de la Guardia Nacional Bolivariana.

En distintas ciudades del país se han reportado cortes no programados de electricidad, de hasta 12 horas, que afecta productos, enseres y deteriora la calidad de vida de sus ciudadanos. Incluso, durante la transmisión de un evento del partido del Gobierno se fue la luz, incidente atribuido a un sabotaje.

El estado Zulia, al occidente de la nación, es uno de los más afectados. Hay ciudades de la zona que pasaron hasta 160 horas sin electricidad, provocando la pérdida de litros de bebidas, toneladas de comida, que se cayeran las comunicaciones y se dañaran los electrodomésticos.

El ministro para Energía Eléctrica de ese país, Luis Motta Domínguez, habría anunciado días atrás que hubo un supuesto sabotaje al sistema eléctrico en la ciudad de Maracaibo, que además produjo un incendio en el puente Rafael Urdaneta, que conecta a la capital zuliana con el resto del territorio.

Entre tanto, al sur y oriente de Venezuela, en los estados Amazonas, Anzoátegui y Bolívar hay ciudades que permanecen bajo el agua, según los habitantes de la zona, por el descuido de las autoridades que no tomaron previsiones ante la inminente crecida del río Orinoco, que supera su récord histórico de 1976.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2018 han aumentado las manifestaciones por las fallas en los servicios de agua y luz. Solo en julio se registraron 72 protestas diarias en todo el territorio nacional. Esto representa un incremento notable si se comparan con las protestas políticas registradas en el país entre los años 2014 y 2017.

Las fallas de los servicios básicos, sumado a las protestas de trabajadores de la salud, deficiencias para conseguir efectivo e imposibilidad para adquirir alimentos y medicinas, ocurre en el marco de un censo automotor convocado por el gobierno para que aquellos que posean carnet de la patria puedan llenar sus tanques con combustible subsidiado, mientras que quienes se nieguen a sacarlo deberán pagar la gasolina a precios internacionales.

Esto, mientras el país se prepara para un nuevo proceso de reconversión monetaria, por el cual los bancos han advertido interrupciones en los servicios de sus plataformas digitales.

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