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Las autoridades de China condenaron este sábado las sanciones anunciadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y otros 11 altos cargos del Gobierno del territorio por emplear “tácticas de represión contra activistas opositores y disidentes políticos”.

En un comunicado, el director de la Oficina de Enlace del Gobierno de China en Hong Kong, Luo Huining, que también ha sido incluido en la lista de sancionados, arremetió en contra de Washington y señaló que las medidas en su contra implican que “ha hecho lo que debía para su país”.

Así, ofreció de forma sarcástica enviar a Trump 100 dólares para que “el presidente estadounidense los congele” y recalcó que no se trata de “una sanción como tal si carece de bienes en el extranjero”.

Si bien Luo ridiculizó las medidas anunciadas por el Gobierno del país norteamericano, la Oficina de Enlace aseguró que “si Estados Unidos considera que estas sanciones forzarán a China a comprometerse con algo, están muy equivocados”.

En este sentido, y haciendo mención de la polémica ley de seguridad de Hong Kong, que habría suscitado las sanciones, Pekín insistió en que su cometido es “garantizar su soberanía” y proteger “la seguridad y el orden” en la región administrativa especial china, que ha vivido momentos convulsos durante el último año de protestas.

“Pedimos a los políticos estadounidenses estar atentos a la idea de que independientemente de cómo traten de intervenir en los asuntos chinos y presionar al Gobierno, es imposible obstaculizar un desarrollo próspero”, recoge el texto.

Dicha ley fue objeto de las mayores protestas de la historia del territorio, organizadas el año pasado, suspendidas por la pandemia del COVID-19, y que en las últimas semanas han vuelto a resurgir conforme el Gobierno chino avanzaba en su intención de promulgar la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la declaración, Estados Unidos procederá a congelar propiedades y activos que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses relacionadas con los sancionados.

 

Agencia UNO. 

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