Los diputados Republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, celebraron la resolución de la Contraloría General de la República, en la que objetó la polémica compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, que había ofrecido 234.124 UF, es decir 8.252.873.341 pesos, pese a que este fue ofertado previamente a un precio muy inferior.
Ambos parlamentarios opositores presentaron una querella por el delito de fraude al Fisco en contra de la edil capitalina, Irací Hassler.
Así, para Irarrázaval, el citado dictamen es “demoledor” para la alcaldesa de Santiago, pues “no solamente porque reconoce desde ya las irregularidades, por ejemplo, del precio de la compraventa, sino que también cuestiona la perseverancia en la ejecución de este delito“.
“Anuncia (el organismo contralor) que va a perseguir las responsabilidades administrativas, como nosotros perseveraremos también persiguiendo las responsabilidades penales en la causa que tenemos en la Fiscalía”, añadió Irarrázaval, representante por el Distrito 14, Región Metropolitana.
Mientras que para el diputado por el Distrito 10 -también Región Metropolitana-, Johannes Kaiser, el fallo de la Contraloría “termina de ponerle la lápida a la alcaldesa Irací Hassler”.
“Determina que se hizo un mal uso de los recursos públicos, que no se asumió la responsabilidad que correspondía de velar por el buen uso de esos recursos del municipio, que se insistió en la compra con un sobreprecio, y para más remate se abrió un sumario”, detalló el legislador capitalino.
En el documento dado a conocer este jueves, la Contraloría logró establecer “una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora”.
También se estableció que las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el denominado “justo precio”, “superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal” y que en abril de 2021 el mismo inmueble fue ofertado por un monto de 95 mil UF ($3.383 millones), “precio notoriamente inferior al propuesto a pagar por el municipio”.
“Para ser bien honesto, creo que a la alcaldesa Irací Hassler solo le queda renunciar y esperar el resultado del proceso penal que se ha abierto en esta materia”, finalizó Kaiser.