Padres del Colegio Municipal España de Llolleo, ubicado en la comuna de San Antonio, denunciaron como una agresión sexual y psicológica la aplicación de una encuesta a estudiantes de quinto año básico por parte de funcionarios del Centro de Salud Familiar (Cesfam) del sector.
Verónica Jeria, una de las denunciantes, explicó en conversación con El Mercurio que las preguntas tuvieron un impacto negativo en los menores. “Se les preguntó si mantenían relaciones íntimas, si habían agredido sexualmente a otros y si alguna vez habrían pensado en suicidarse, entre otras cosas”, señaló la apoderada.
La encuesta fue realizada sin previo aviso ni consentimiento de los padres, lo que llevó a los apoderados a presentar una denuncia ante la Policía de Investigaciones que fue remitida al Ministerio Público. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Familia de San Antonio.
Condena de la diputada Camila Flores
La diputada Camila Flores (RN) condenó enérgicamente el incidente y manifestó su preocupación por la gravedad de lo ocurrido. “Me parece de suma gravedad lo que ha ocurrido en este colegio. Voy a hacer la denuncia correspondiente a la Superintendencia de Educación, porque más allá si este test está validado o no por organismos nacionales o internacionales, no se puede realizar, desde mi punto de vista, sin el consentimiento de los padres”, expresó Flores.
Además, la parlamentaria destacó que las preguntas de “grueso calibre” no debían presentarse a niños sin la orientación adecuada de sus padres. También criticó la administración local, recordando que la alcaldesa de San Antonio es oficialista y parte del Frente Amplio. “No me extraña que en un colegio público se estén realizando este tipo de preguntas, a este tipo de situaciones que no corresponden. Esto se le puede hacer a una persona que tenga un criterio formado. Por último, a un adolescente, pero no a un niño de 10 años”, añadió Flores.
La diputada Flores aseguró que presentará una denuncia ante la Superintendencia de Educación para que se investigue el procedimiento y se tomen las medidas necesarias. “Si sus padres consienten, me parece que tienen todo el derecho de hacerlo. Pero si los padres no saben o se oponen, no se puede realizar. Por eso voy a denunciar esta situación”, concluyó.
