El Banco Central publicó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, en el que destaca que la evolución del escenario macroeconómico sigue determinada por el desarrollo del Covid-19 y las medidas de contención necesarias para proteger la salud de la población.
El informe señala que, tras una aguda caída a comienzos del segundo trimestre, en los últimos meses la economía chilena ha dado signos de estabilización, combinándose una incipiente mejora en algunos sectores y deterioros en el margen en otros.
Agrega que, con los datos efectivos de actividad en la primera mitad del año y un repunte acorde con el retiro gradual de las medidas de control sanitario y el apoyo al ingreso de los hogares, se estima que el 2020 finalizará con una caída del PIB de entre 4,5 y 5,5%. Esta es una menor caída que la proyectada en junio, que fue entre 7,5% y 5,5%
Esto supone una recuperación importante en la segunda mitad del año, pero el cierre de las holguras de capacidad creadas en este período y la convergencia de la inflación a la meta culminarán recién hacia el 2022.
El escenario de proyección del informe supone que, hacia el 2021 y 2022, el PIB crecerá entre 4 y 5%, y entre 3 y 4%, respectivamente. “Estas tasas de crecimiento son coherentes con un escenario sanitario que permitirá el avance paulatino del desconfinamiento, donde los sectores económicos continuarán adaptando sus operaciones para desarrollar sus actividades y donde el crédito seguirá fluyendo para apoyar el proceso de recuperación. Las proyecciones también suponen un encauzamiento institucional de la crisis social evidenciada a fines del 2019”, indica el comunicado de la entiendad.
El informe sostiene que el shock negativo provocado por la pandemia es muy significativo, lo que se refleja en el elevado número de personas y empresas que ha visto afectada su fuente de ingresos. Añade que revertir la pérdida de empleos, la caída de ingresos de los hogares, el deterioro del consumo y mantener un flujo de crédito acorde con las necesidades de capital de trabajo e inversión de las empresas, constituyen los mayores desafíos para la recuperación económica y para el aporte de la política pública en este proceso.
En este contexto, dice que, debido al alto riesgo de contagio, la pandemia provocó una contracción particularmente aguda en rubros donde la interacción social es clave en el desarrollo de la actividad, afectando directamente los ingresos de empresas y personas que se desempeñan en ellos. El impacto contractivo se ha amplificado por la caída del empleo por cuenta propia —mayormente servicios que requieren interacción social—, que no ha podido cumplir su tradicional rol de amortiguación en esta coyuntura. Por el lado de la demanda agregada, el consumo y la inversión se han deprimido ante la pérdida de ingresos, las limitaciones a la movilidad y el contacto entre personas y la alta incertidumbre.
No obstante, indica, las perspectivas para el consumo han mejorado producto de una serie de medidas de apoyo que se han desplegado en el tercer trimestre y que se reflejan en mejores expectativas empresariales —en particular para el comercio— y de consumidores.
Entre ellas, un número importante de programas de ayuda directa, subsidios, postergaciones de pagos, rebajas impositivas y la aprobación del retiro de una parte de los ahorros previsionales. Estima que esto último involucrará recursos del orden de 6% del PIB, de los que cerca de la mitad se destinará a consumo, el que se distribuirá entre 2020 y los primeros meses de 2021.
Dadas las restricciones a la prestación de muchos servicios, estima que el mayor gasto se orientará al consumo de bienes que, al tener un mayor componente importado, limita su impacto sobre la actividad. En cualquier caso, el informe califica el impacto de esta medida sobre la demanda interna y la actividad en el corto plazo como muy significativo, mientras que para el largo plazo hace notar la necesidad de considerar también su impacto sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento.
