La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, decretó este sábado un estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país. La medida tendrá una duración de 60 días y permitirá reforzar la vigilancia exterior de los recintos con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para enfrentar a las organizaciones criminales que, según las autoridades, coordinan secuestros y extorsiones desde las cárceles.
Fujimori asumió la Presidencia el pasado 28 de julio. Desde entonces, su administración ha puesto el combate contra la delincuencia entre sus principales prioridades.
El estado de emergencia en cárceles de Perú abarcará cinco recintos considerados relevantes dentro de la lucha contra las organizaciones de alta criminalidad. Estos establecimientos concentran cerca del 50% de los internos vinculados con este tipo de agrupaciones.
“Con estas disposiciones, el gobierno (…) combate a las organizaciones criminales que dirigen sus delitos desde las cárceles hacia el exterior”, señaló la Presidencia de Perú.
Cinco establecimientos quedan bajo la medida
La disposición incluye los penales de Challapalca y Cochamarca, situados en sectores andinos del país.
También contempla el establecimiento penitenciario de Trujillo Varones, ubicado en la costa norte. El recinto se encuentra en una de las ciudades que registra mayores niveles de violencia en Perú.
Los otros dos centros se encuentran en la periferia de Lima. Se trata de Miguel Castro Castro y Ancón I.
Con la entrada en vigencia de la medida, las Fuerzas Armadas podrán participar en tareas vinculadas con la seguridad exterior de estos recintos.
La Presidencia indicó que las operaciones permitirán reforzar el control de los accesos. Además, los militares podrán desarrollar labores de inteligencia destinadas a prevenir eventuales fugas.
Las autoridades precisaron que la administración y la custodia interna continuarán bajo responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario.
De esta manera, la medida diferencia las funciones de seguridad exterior de las labores que se desarrollan dentro de los establecimientos.
Perú enfrenta un fuerte aumento de la criminalidad
La decisión ocurre en medio de una grave situación de seguridad en Perú. El país cuenta con aproximadamente 34 millones de habitantes y atraviesa una de sus etapas más complejas en materia delictual desde el término del conflicto armado interno, que se extendió entre 1980 y 2000.
Las cifras oficiales muestran un importante incremento de los delitos durante los últimos años.
Los homicidios aumentaron desde 1.000 casos registrados en 2018 hasta 2.600 durante 2025. En paralelo, las denuncias por extorsión pasaron de 3.200 a 26.500 durante el mismo periodo de comparación.
Ante este escenario, el estado de emergencia en cárceles de Perú busca impedir que las organizaciones criminales utilicen los centros penitenciarios como lugares para coordinar delitos en el exterior.
Gobierno de Keiko Fujimori busca nuevas herramientas contra el crimen
La decisión sobre los cinco penales se suma a otras iniciativas impulsadas por la administración de Keiko Fujimori.
El pasado 28 de agosto, la presidenta envió al Congreso una solicitud de urgencia para obtener nuevas facultades destinadas a enfrentar a las redes criminales.
El Ejecutivo busca avanzar con medidas que permitan fortalecer su estrategia de seguridad y responder al aumento de delitos como homicidios y extorsiones.
La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días. Durante ese periodo, las autoridades evaluarán las condiciones de seguridad y las acciones destinadas a impedir que los grupos criminales mantengan operaciones desde el interior de los penales.
Así, el estado de emergencia en cárceles de Perú se convierte en una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de Fujimori durante su primer mes en el poder para enfrentar la creciente presión por la inseguridad.
