La diputada Natalia Romero manifestó su profunda preocupación por el reciente informe de Clapes UC que revela un alarmante aumento del 105% en los homicidios y femicidios en la Región de O’Higgins.
Este informe, el primero de una serie semestral que se enfocará en la evolución temporal de la delincuencia en Chile, destacó el importante deterioro en algunas regiones desde 2014 hasta el segundo semestre de 2023. Por ejemplo, los homicidios y femicidios han crecido fuertemente en las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins con un 105%; Metropolitana, con un 55%; Biobío, con un 87%; y Antofagasta con un 67%.
“La información revelada por este estudio confirma lo que he venido advirtiendo desde hace tiempo: cuando el Gobierno anunció que reforzaría las medidas de seguridad solo en Santiago, señalamos de inmediato que esto terminaría afectando al resto de las regiones del país, especialmente a aquellas que colindan con la Región Metropolitana”, afirmó la diputada Romero.
“Una estrategia integral a nivel país“
Romero subrayó que la estrategia del Gobierno, centrada en la capital, ha dejado vulnerables a otras zonas del país. “Es evidente que las organizaciones criminales no tienen problema en desplazarse a otras zonas donde hay menor presencia policial. Y eso es lo que muchos creemos que ocurrió con el asalto a Brinks”, señaló.
“La región ahora está liderando el aumento de homicidios con una cifra que es realmente alarmante. Aquí el Gobierno tiene que desarrollar una estrategia integral a nivel país, porque de lo contrario lo único que se logra es reducir los índices de criminalidad en Santiago a costa de un aumento en regiones donde estamos más desprotegidos”, acotó.
Por eso la Diputada insistió en que se debe aumentar la dotación de carabineros en la región, especialmente en las zonas más afectadas por la criminalidad.
Además pidió implementar patrullajes permanentes en áreas de alto riesgo,la creación de una estrategia integral de seguridad regional, el uso de nuevas tecnologías avanzadas y sistemas de monitoreo y la implementación de un sistema de inteligencia criminal regional para anticipar y prevenir actividades delictivas.
