La Corte Suprema confirmó este lunes 7 de abril el desafuero de la diputada Catalina Pérez (Frente Amplio), rechazando la apelación presentada por su defensa y dejando vía libre para que el Ministerio Público pueda formalizarla por presunto fraude al Fisco en el marco del llamado Caso Democracia Viva.
La resolución del máximo tribunal ratifica el fallo emitido previamente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y se produce a casi un año de que estallara el escándalo por los cuestionados convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, dirigida por la expareja de la diputada, Daniel Andrade.
Oposición exige prisión preventiva
Tras conocerse la decisión judicial, diputados de oposición intensificaron las críticas y exigieron que la diputada desaforada enfrente la justicia con la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y su impacto en la confianza ciudadana.
El parlamentario Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) expresó que “espero que la justicia demuestre su independencia respecto de los poderes políticos y gobiernos temporales. Solo así nuestra institucionalidad se verá fortalecida y transparentada de cara a la ciudadanía”.
Desde el Partido Republicano, la diputada Catalina Del Real fue tajante al afirmar que “cuando el poder se corrompe, la sociedad entera sufre. La prisión preventiva, más que un castigo, es una advertencia: la política no es terreno para la impunidad ni para la ambición desmedida”.
En tanto, la diputada María Luisa Cordero (Independiente–RN) recalcó que “no se puede tolerar que quienes acceden al poder se sientan por encima de las normas que rigen la convivencia democrática”. Añadió que la medida cautelar sería “un recordatorio de que la corrupción tiene un costo y que ningún funcionario puede evadir las consecuencias”.
Por su parte, la diputada Karen Medina (Independiente–DC) destacó que “la función pública exige transparencia y compromiso con el interés colectivo, pero cuando una diputada decide usar el aparato estatal para fines personales, se traiciona la confianza de toda una ciudadanía”.
Contexto del caso
El Caso Democracia Viva estalló a mediados de 2023, luego de que se revelara que la Seremi de Vivienda de Antofagasta firmó millonarios convenios con la fundación liderada por Andrade, sin los filtros administrativos y técnicos habituales. La diputada Pérez fue señalada como facilitadora política del acuerdo, debido a su cercanía tanto con Andrade como con otros funcionarios involucrados.
Con la confirmación del desafuero, la Fiscalía queda en condiciones de avanzar en la formalización de cargos y eventualmente pedir medidas cautelares como la prisión preventiva, si considera que existen antecedentes suficientes de riesgo de fuga u obstaculización de la investigación.
Desde la oposición, recalcan que este caso representa una oportunidad clave para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, sancionando con firmeza hechos de corrupción que involucran recursos destinados a los sectores más vulnerables del país.
