En el marco de la investigación que lidera el Ministerio Público por presuntas irregularidades que involucran a la Fundación ProCultura, diputados del Partido Republicano han presentado una querella criminal contra el cofundador de la ONG, Alberto Larraín, su representante legal, Constanza Gómez, y todos los funcionarios públicos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de fraude al Fisco.
Graves irregularidades en millonario convenio con ProCultura
Según el documento que presentó Juan Irarrázaval y Agustín Romero ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se acusa un manejo deficiente y doloso de los fondos públicos, que habrían sido entregados a ProCultura sin los debidos controles, en el marco de un convenio con la Gobernación Metropolitana (GORE RM) por más de $1.683 millones.
“No existió un debido control sobre los fondos públicos. La totalidad de los dineros se entregó en un único giro, permitiendo la defraudación por parte de ProCultura”, afirmó el escrito.
Los parlamentarios señalaron que la falta de medidas de control y fiscalización facilitó el mal uso de los recursos, lo que configura un grave incumplimiento por parte de los funcionarios públicos encargados de la gestión de estos fondos.

Implicaciones políticas: “Hablar de ProCultura es hablar de Gabriel Boric”
El diputado Juan Irarrázaval expresó que los antecedentes conocidos recientemente vinculan cada vez más al Presidente Gabriel Boric con este caso, destacando las conexiones entre personas cercanas a él y ProCultura. “Hablar de ProCultura es hablar de Gabriel Boric. Detrás de las figuras de Alberto Larraín, Miguel Crispi, Irina Karamanos y otros, está Boric. ¿Quién sino él los ha vinculado?“, aseguró Irarrázaval.
El parlamentario señaló que esta querella busca ser parte del caso para observar su desarrollo y llegar hasta el fondo de los hechos, apuntando también a la Gobernación Metropolitana de Claudio Orrego como un posible punto clave en el caso.
Acusaciones contra la Gobernación de Claudio Orrego
El diputado Agustín Romero calificó como “escandalosa” la gestión de la Gobernación Metropolitana durante la administración de Claudio Orrego, al señalar que se adjudicaron más de $1.600 millones a una fundación “incapaz de cumplir con sus obligaciones”.
Romero afirmó que esto revela una “falta de transparencia” y posibles favoritismos en la asignación de los fondos.
“Orrego no puede seguir escudándose en excusas cuando los hechos parecen apuntar a una clara complicidad en la entrega de fondos a una red de favoritismos”, sostuvo el legislador, advirtiendo que serán los tribunales de justicia quienes determinarán si hubo corrupción en la gestión del Gobernador.
En la querella, los diputados solicitaron al Ministerio Público que se despache una orden a la BRIAC Metropolitana para recopilar antecedentes documentales y testimoniales sobre el caso. Además, pidieron que Cibercrimen de la PDI acceda a las oficinas de ProCultura para obtener los correos electrónicos, equipos computacionales y teléfonos relacionados con el caso.
