La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó la preocupante situación que enfrentan niños y adolescentes en residencias de protección, especialmente ante las amenazas del crimen organizado.
En conversación con el programa Llegó la Hora de Radio Agricultura, la secretaria de Estado advirtió sobre los riesgos de explotación sexual infantil y explicó las medidas que impulsa el Gobierno.
Durante la entrevista, Wulf señaló que aproximadamente 5.000 niños viven en residencias de protección, donde enfrentan diversas necesidades derivadas de experiencias de vulneración de derechos.
María Jesús Wulf advierte sobre redes de explotación sexual infantil
La ministra explicó que las organizaciones criminales buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de niños y adolescentes, especialmente de quienes carecen de redes familiares de apoyo. “Sabemos lamentablemente que el crimen organizado busca capturar a menores, busca capturar a adolescentes”, afirmó.
En ese contexto, relató situaciones que le comunicaron directores de residencias sobre la presencia de personas que intentan contactar a las adolescentes desde el exterior. “Bueno, estamos aquí, afuera se instala un ruco y en ese ruco hay un explotador. Una persona que quiere abusar sexualmente de las niñas”, expresó.
Según detalló, estas personas pueden ofrecer dinero o drogas a las adolescentes, aprovechándose de sus necesidades para cometer abusos sexuales.
Además, explicó que algunos equipos residenciales enfrentan situaciones en las que vehículos llegan a buscar a menores, obligando a los funcionarios a intervenir para protegerlos.
Gobierno busca reforzar la protección en residencias
Frente a este escenario, María Jesús Wulf detalló un proyecto de ley que busca entregar mayores herramientas a los equipos responsables del cuidado de niños y adolescentes.
La iniciativa contempla facultades para que los directores puedan adoptar medidas extraordinarias de protección, como restringir salidas ante riesgos concretos o impedir el ingreso de adultos sospechosos.
También propone fortalecer la coordinación con municipios y equipos de seguridad, permitiendo implementar vigilancia y alertar sobre situaciones que puedan poner en peligro a los menores.
Además, considera la posibilidad de trasladar a adolescentes en situaciones críticas a residencias especializadas o familias de acogida, resguardando su identidad y ubicación.
La ministra reconoció que estas medidas no resolverán completamente el problema, pero sostuvo que representan avances necesarios para enfrentar las amenazas contra la infancia.
Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer la salud mental, el acompañamiento familiar y los programas de reparación, especialmente para menores que sufrieron vulneraciones graves.
