El dictamen de Contraloría sobre la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, abrió el debate sobre las eventuales responsabilidades que podría enfrentar tras dejar el cargo.
El organismo cuestionó el requerimiento que realizó a la PDI para obtener información sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, en el marco de una investigación penal.
El abogado y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Pedro Anguita, explicó que los ministros de Estado pueden enfrentar responsabilidades administrativas, civiles, penales y también políticas.
Según el experto, Contraloría estimó que Steinert pudo actuar dentro de sus atribuciones, pero objetó que solicitara antecedentes detallados sobre funcionarios de una unidad policial que colaboraba en una causa que ella había encabezado previamente como fiscal regional.
“La exministra Steinert tenía el deber legal de abstención que rige para los ministros de Estado aun cuando el conflicto de intereses sea solo potencial”, señaló Anguita.
El académico agregó que los ministros no están sujetos al régimen disciplinario de los funcionarios públicos de carrera, por lo que el dictamen constituye principalmente una amonestación moral.
Sin embargo, precisó que los exministros sí pueden enfrentar una acusación constitucional hasta tres meses después de dejar el cargo, además de eventuales responsabilidades civiles y penales.
