La diputada Marlene Pérez (Indep-UDI) manifestó su profunda preocupación tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República que reveló la contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores en diversos organismos públicos del país. El documento advierte que esta situación se mantuvo durante varios años y afectó directamente a niñas, niños y adolescentes.
Según el informe del ente fiscalizador, 72 entidades públicas mantuvieron contratadas a personas con inhabilitación absoluta o perpetua para desempeñarse en funciones con contacto directo y habitual con menores de edad. De acuerdo con los antecedentes recopilados entre 2020 y agosto de 2025, se detectaron 164 casos en total, lo que encendió las alertas sobre el cumplimiento de la normativa vigente y los controles internos del Estado.
La Contraloría precisó que la mayor parte de los casos se concentró en el sector educacional, involucrando a docentes, asistentes de la educación y auxiliares de aseo, todos ellos con responsabilidades cotidianas en espacios donde se resguarda el bienestar de niñas y niños.
Críticas al Estado y llamado a la Defensoría de la Niñez
Tras conocerse el informe, la diputada Pérez calificó la situación como grave y apuntó directamente a la responsabilidad estatal. “Es inaceptable y profundamente preocupante que 164 personas que tenían prohibición legal para trabajar con niñas, niños y adolescentes hayan estado contratadas por entidades públicas y, en muchos casos, con contacto directo con menores de edad. Esta situación no sólo es una falla administrativa, sino una grave vulneración del deber del Estado de proteger a la infancia y adolescencia, especialmente cuando se trata de entornos educativos y de cuidado, donde la vulnerabilidad de las niñas y los niños suele ser mayor”, afirmó la parlamentaria, diputada Marlene Pérez (Indep-UDI).
Además, la legisladora emplazó a la Defensoría de la Niñez a pronunciarse públicamente sobre estos hechos, enfatizando la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva de derechos. “Es urgente un pronunciamiento público, claro y urgente del Defensor de la Niñez, que analice esta situación desde la perspectiva de los derechos de los menores. Es imprescindible que la Defensoría explique qué medidas adoptará frente a esta grave transgresión”, sostuvo.
Finalmente, la diputada llamó al Gobierno a actuar con firmeza y aplicar las sanciones correspondientes. “No basta con dar término a contratos irregulares, sino que se debe asegurar que ninguna niña, niño o adolescente esté expuesto a personas para quienes la ley ha establecido prohibiciones claras”, concluyó.
El caso vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de control del Estado y la urgencia de reforzar las medidas de protección frente a la contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores en instituciones públicas.
